La reciente aprobación en general de las indicaciones al proyecto de Ley de Patrimonios Culturales por parte de la Comisión de Cultura del Senado representa un avance necesario. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para enfrentar los problemas estructurales que arrastramos hace décadas. No basta con tener una buena ley si el sistema sigue anclado en una lógica de permisiología centralizada e ineficiente.
Hoy, los permisos para intervenir inmuebles patrimoniales están atrapados en un aparato institucional saturado y centralizado en una Subsecretaría, sin capacidad técnica ni territorial para responder con agilidad y criterio. El Consejo de Monumentos Nacionales, si bien es el organismo rector en esta materia, necesita más que una mención en la nueva legislación: requiere una reestructuración profunda, con autonomía regional, más funcionarios, mejores sueldos y una infraestructura acorde a las demandas del siglo XXI.
Podemos tener la mejor ley, pero si los tiempos de revisión siguen siendo los mismos, y si la toma de decisiones sigue en manos de un aparato burocrático en Santiago, los problemas no se resolverán. Esto no es exclusivo de Chile. En Francia y Roma enfrentan tensiones similares. Porque el patrimonio, por naturaleza, es conservador. Pero la gestión del patrimonio no puede seguir siéndolo.
En los años 60, la reforma impulsada por el presidente Frei Montalva permitió que las direcciones de obras se descentralizaran, lo que resolvió los permisos de construcción en todo el país. Esa misma lógica debe aplicarse hoy al Consejo de Monumentos. Los permisos para intervenir en bienes patrimoniales deben estar al nivel de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, o bien existir organismos técnicos regionales con competencias claras y tiempos definidos.
Otro aspecto clave es avanzar en una concepción más amplia del patrimonio, que incluya decididamente lo inmaterial. La diversidad cultural de Chile, las tradiciones de los pueblos originarios y del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno deben estar al centro de esta nueva legislación. No como anexos técnicos, sino como protagonistas del diseño normativo.
Finalmente, esta ley debe considerar el desarrollo sostenible como un eje estratégico. Hoy, la excesiva rigidez del sistema no solo frena la conservación, también perjudica el desarrollo de comunidades, encarece proyectos y retrasa iniciativas que podrían convivir armónicamente con la protección patrimonial.
En resumen, la futura Ley de Patrimonios Culturales debe ser contemporánea, participativa y descentralizada. Solo así lograremos proteger nuestro pasado sin hipotecar el futuro.
